Tras acoger las observaciones realizadas por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, los mandatarios locales realizarán las adecuaciones locativas que se requieran para tener espacios separados para hombres y mujeres, y de esa forma garantizar sus derechos a la dignidad humana mientras permanecen en esas instalaciones, a la espera de su traslado a centros penitenciarios del departamento.
Igualmente, adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones mínimas de alimentación, ventilación y luz solar, así como acceso a un servicio sanitario adecuado para las PPL.
La mesa de trabajo fue convocada en desarrollo de una acción preventiva iniciada para verificar el cumplimiento de la sentencia SU 122/22 de la Corte Constitucional, que decretó el estado de cosas inconstitucionales por el hacinamiento en los centros carcelarios y de detención transitoria del país.
En la actividad participaron representantes de los entes territoriales de Altamira, Agrado, Gigante, Guadalupe, Suaza, Tarqui, La Argentina, Nátaga, Paicol, Tesalia, Acevedo, San José de Isnos, Elías, Oporapa, Palestina, Saladoblanco, San Agustín, Pitalito, Garzón y La Plata.
También asistieron los comandantes de las estaciones de Policía de esos municipios, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y los directores de los centros penitenciarios de los distritos judiciales de Pitalito, Garzón y La Plata.
