Las ejecuciones extrajudiciales en el país siguen siendo el fantasma que le arrebató la vida a miles de inocentes durante la época de la confrontación armada. En el Huila, según declaraciones de 27 militares en retiro y activos confesaron ante la Justicia Especial para la Paz haber asesinado a sangre fría a decenas de campesinos como bajas insurgentes.
De acuerdo con las versiones de las militares entregadas, ante la Sala de Reconocimiento de la JEP el objetivo era llegar a los campos del Huila a bridarles a la comunidad urbana y rural una posible sensación positiva de seguridad y de esa manera era como presuntamente organizaban este plan macabro a cambio de obtener de sus superiores beneficios como ascensos y permisos.
Entre los militares implicados en los falsos positivos están dos antiguos comandantes del batallón Pigoanza de Garzón identificados como Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García, asimismo aparece Leonardo Ayala Remolina, antiguo comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11), adscrita a la Novena Brigada.
De la misma manera existen tres tenientes coroneles, todos los oficiales que integraron la plana mayor del Batallón Pigoanza de Garzón y oficiales del batallón Magdalena de Pitalito, aceptaron su responsabilidad, de haber participado en la ejecución extrajudicial a campesinos en las zonas rurales a quienes vestían con camuflados, botas de caucho para luego presentarlos como guerrilleros abatidos en combates.
Los militares comparecientes ante la JEP, fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. No obstante, reconocieron por escrito su responsabilidad en la comisión de 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas.
