El Cuarto Informe de Seguimiento sobre la situación de las mujeres rurales en Colombia, elaborado por la Comisión de Seguimiento de Defensa de la Mujer Rural, evidencia profundas desigualdades en el acceso a educación, salud, vivienda, créditos y tierra. La Comisión está integrada por la Procuraduría General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo.
El documento destaca que las mujeres rurales, pese a su papel esencial en el equilibrio ecológico y la preservación de recursos naturales, enfrentan barreras como discriminación de género, exclusión en programas de acceso a tierras y poca participación en decisiones económicas. Además, se señala que el lenguaje jurídico sin perspectiva de género contribuye a invisibilizar su rol y perpetuar estas desigualdades.
Entre los hallazgos, se resalta que solo el 26% de las unidades productivas agrícolas (UPA) son gestionadas por mujeres, y que estas acceden a terrenos más pequeños, lo cual limita su autonomía y desarrollo económico. Aunque se han promovido esfuerzos de reforma agraria, la distribución de tierras sigue siendo inequitativa y favorece a los hombres.
Ante estos resultados, la Comisión instó a las autoridades a priorizar políticas públicas con enfoque de género que promuevan la inclusión de las mujeres rurales en procesos educativos, productivos y económicos, especialmente en las zonas más apartadas del país.
“El cierre de las brechas de género es esencial para garantizar el desarrollo equitativo y sostenible en el sector rural,” afirmó Gustavo Guerrero, Procurador Delegado. El informe se presenta como una herramienta clave para la veeduría ciudadana y un llamado a construir un futuro más justo para las mujeres rurales, pilar del progreso en Colombia.
