En audiencia pública convocada por la Comisión Sexta del Senado, el Gobierno y sectores académicos coincidieron en la necesidad de incrementar los recursos para la educación superior pública, con el objetivo de que alcancen el 1% del PIB. El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, enfatizó la urgencia de consolidar un nuevo esquema de financiación para garantizar el acceso y la sostenibilidad del sistema.
Rojas Medellín destacó que, aunque la matrícula universitaria creció un 176% entre 2000 y 2023, los recursos solo aumentaron un 62%, lo que ha ampliado la brecha en bienestar estudiantil y calidad educativa. Señaló que se reunirá con el Ministerio de Hacienda para asegurar el aval fiscal del proyecto de ley y agilizar su trámite en el Congreso.
Senadores de distintos partidos expresaron su apoyo a la iniciativa. Soledad Tamayo (Conservador) subrayó la importancia de fuentes de financiación sostenibles, mientras que Sandra Ramírez (Comunes) insistió en que la educación debe ser un derecho fundamental, no un mercado. Ambas coincidieron en la urgencia de un modelo de financiamiento equitativo.
Representantes estudiantiles también respaldaron la reforma, destacando la necesidad de fortalecer la autonomía universitaria y garantizar recursos suficientes para evitar la precarización de la educación superior. Sebastián Hernández Arroyo, del Consejo Nacional de Juventudes, instó a convertir la participación estudiantil en incidencia real.
La reforma propone un ajuste de los recursos con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el IPC, el que sea mayor, y un aumento progresivo de la inversión para ampliar cobertura, mejorar condiciones laborales y fortalecer la oferta educativa. La iniciativa entra a debate en la Comisión Sexta del Senado en este periodo legislativo.
