El Gobierno nacional sostiene que la plenaria del Senado no votó de manera válida la Consulta Popular 1.0, alegando que la ponencia no fue leída y que no quedó claro qué se votaba. Según esta interpretación, al cumplirse un mes desde su radicación, el presidente Gustavo Petro estaría facultado para emitir el decreto que convoque oficialmente a las urnas. “La consulta popular es decretable de acuerdo a la Constitución y la ley”, afirmó Petro en su cuenta de X, citando una columna del exfiscal Eduardo Montealegre.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha respaldado esta tesis, señalando que al menos dos expresidentes de la Corte Constitucional coinciden en que Petro puede convocar la consulta por decreto, dada la supuesta “inexistencia del hecho” por las irregularidades en el trámite legislativo. Para Benedetti, los vicios del procedimiento eliminan cualquier efecto jurídico de la votación del Senado.
El ministro también arremetió contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, por no garantizar transparencia durante el debate. Asegura que “fraudes, trampas y jugaditas” impidieron que el Congreso se pronunciara legítimamente. En medio de este contexto, Benedetti subraya que garantizar la participación ciudadana es un mandato constitucional que debe defenderse, y relaciona la resistencia del Congreso con las protestas sociales actuales.
Hasta ahora, no se ha expedido ningún decreto presidencial, pero según la postura del Gobierno, Petro tendría hasta el final de la primera semana de junio para firmarlo. Mientras tanto, el Congreso anunciará en estos días la fecha en la que votará la Consulta Popular 2.0, que incluiría preguntas relacionadas con el sistema de salud.
