Colombia analiza la posibilidad de ratificar la convención internacional sobre el reclutamiento y financiamiento de mercenarios, ante la creciente preocupación por la participación de exmilitares colombianos en conflictos en el exterior. En una audiencia reciente, se debatieron los pros y contras de adherirse a este tratado, que busca reglamentar una actividad para la que el país se ha convertido, según algunos representantes, en una verdadera cantera de personal entrenado.
Durante el encuentro, el investigador de la Universidad Externado de Colombia, Andrés Macías, destacó la necesidad de definir con claridad qué se entiende por mercenarismo. “Para Colombia es fundamental porque no hay un consenso claro. Hoy se habla desde la academia, la política y los sectores sociales, pero sin bases definidas”, explicó.
Otros participantes, como José Espinosa, integrante de la ONG Mipofaamcol, señalaron que el tratado está desactualizado y no se adapta a las realidades actuales. “Nuestra perspectiva es reorganizar y formular un proyecto nuevo”, dijo. A su vez, la representante huilense Luz Pastrana advirtió que el tratado podría ser inconstitucional y pidió que se garantice una evaluación responsable del mismo.
La audiencia concluyó sin una postura definitiva, dejando en evidencia la tensión entre garantizar el derecho al trabajo de los retirados de las fuerzas armadas y proteger la seguridad nacional. Los asistentes coincidieron en que se necesita un debate más amplio y profundo sobre el papel de Colombia en este fenómeno internacional.
