Desde Puerto Carreño (Vichada) donde este fin de semana se realizaron elecciones atípicas para escoger gobernador, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que esta semana emitirá un pronunciamiento definitivo sobre el decreto 0639, firmado por el presidente Gustavo Petro, con el cual se convoca a una consulta popular el próximo 7 de agosto.
El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que, tras la radicación oficial del decreto por parte del Ministerio del Interior, el equipo jurídico de la entidad estudia el documento con detalle debido al alto volumen de demandas y acciones legales presentadas. Según explicó, ya se cuentan cerca de 30 demandas de nulidad simple ante el Consejo de Estado, seis acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, más de 80 tutelas y siete solicitudes específicas que buscan la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad para impedir la consulta.
Además de las demandas judiciales, también se han recibido numerosos derechos de petición dirigidos a la Registraduría, en los que se solicita claridad frente al alcance y legalidad de la convocatoria realizada por el Gobierno.
El procurador general, Gregorio Eljach, pidió respetar la autonomía de los jueces que deberán resolver el asunto. Señaló que, aunque una tutela reciente solo encontró una irregularidad menor relacionada con una notificación a una senadora, el fallo fue favorable. Eljach subrayó la importancia de permitir que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional tomen sus decisiones sin presiones externas.
El decreto del Ejecutivo se expidió amparado en la figura de la excepción de inconstitucionalidad, argumentando un supuesto sabotaje legislativo al trámite de las reformas sociales. Sin embargo, el Senado certificó que el proyecto fue archivado tras no superar los debates reglamentarios, lo que mantiene abierto el debate jurídico sobre la viabilidad de la consulta.
