El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que solicitará un concepto formal al Consejo de Estado para determinar si la consulta popular promovida por el Gobierno cumple con los requisitos legales y constitucionales. La petición también será enviada a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Esta decisión deja en manos de los órganos de control y consulta el futuro de la iniciativa, que se desarrolla en medio de un ambiente de tensión política y jurídica. Penagos subrayó que la Registraduría es un ente autónomo e independiente, encargado de garantizar transparencia y neutralidad en los procesos electorales del país.
Frente a las críticas y acusaciones de prevaricato por no acatar el decreto que convoca la consulta, Penagos respondió que actúa con prudencia y respeto por la Constitución. “Este registrador está actuando en respeto a la Constitución, entendiendo la compleja situación que vive hoy el país”, afirmó.
Además, el registrador advirtió que no será posible realizar la consulta popular el 7 de agosto, como ha sido propuesto. Señaló que este tipo de convocatoria requiere al menos tres meses de preparación logística y técnica, como ocurre con procesos electorales de gran escala.
Finalmente, Penagos explicó que una consulta de este tipo implica una organización similar a las elecciones presidenciales o legislativas, ya que convoca a todos los ciudadanos del país. Por ello, recalcó la necesidad de seguir los tiempos y procedimientos establecidos en la Constitución para su realización.
