El Estado colombiano reconoció oficialmente su responsabilidad internacional por el asesinato de María del Consuelo Ibargüen Rengifo, ocurrido el 21 de febrero del año 2000 en Apartadó, Antioquia. La mujer fue asesinada por integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), quienes irrumpieron en la vivienda de su madre y la atacaron frente a sus cuatro hijas menores de edad.
El crimen se dio en un contexto de violencia sistemática en la región del Urabá antioqueño, provocando el desplazamiento forzado de la familia y dejando secuelas emocionales y sociales que aún persisten. A más de dos décadas de los hechos, el caso continúa en la impunidad, sin que se haya sancionado a los responsables materiales ni intelectuales del asesinato.
El reconocimiento fue realizado en un acto privado por el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), César Palomino Cortés, como cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su intervención, Palomino admitió la responsabilidad del Estado por la violación de varios derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, integridad personal, protección de la familia, derechos del niño y garantías judiciales.
“El reconocimiento de responsabilidad constituye un paso fundamental hacia la reparación integral de las víctimas y reafirma el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de las recomendaciones internacionales”, afirmó el funcionario.
La Agencia destacó también el papel del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), que ha acompañado jurídicamente a la familia de la víctima durante más de 20 años, impulsando el caso ante tribunales nacionales e internacionales.
Aunque el gesto oficial es considerado un avance simbólico, la familia de María del Consuelo Ibargüen insiste en que la justicia aún está pendiente. La impunidad del crimen, el desplazamiento forzado y las secuelas emocionales continúan afectando sus vidas.
