Ante la preocupación constante de los padres por los incrementos en matrículas y pensiones de colegios privados, el Congreso de la República avanza en la discusión de la Ley 38 del Senado, que propone establecer mecanismos de control más estrictos sobre estos cobros. La iniciativa busca ofrecer mayor equidad en el acceso a la educación y aliviar la carga financiera de miles de familias.
El proyecto plantea que los incrementos en matrículas, pensiones y cobros periódicos no podrán superar el índice de inflación del año anterior, salvo que exista autorización expresa del Ministerio de Educación Nacional o de la secretaría de educación territorial. Las autoridades tendrán 30 días calendario para responder a las solicitudes de aumento; si no lo hacen, los colegios podrán aplicar incrementos dentro de los márgenes definidos por el Ministerio.
Las instituciones educativas deberán publicar en su página web, de manera visible y permanente, el informe técnico y el acto administrativo que justifique cualquier incremento superior a la inflación. Durante el proceso de matrícula, esta información deberá comunicarse claramente a los padres o acudientes, quienes podrán acudir a un canal de denuncias en caso de incumplimientos.
La iniciativa también prohíbe el cobro de recargos por pagos tardíos de matrícula, aunque permitirá ofrecer descuentos por pronto pago. En caso de inconsistencias o irregularidades, los colegios quedarán inhabilitados para solicitar incrementos superiores a la inflación durante los próximos cinco años.
De aprobarse, la Ley 38 representaría un alivio para los padres de familia, al garantizar que los costos de la educación privada no se conviertan en una carga insostenible. Con esta medida, el Congreso busca dar mayor transparencia al proceso de fijación de tarifas y proteger el derecho de los estudiantes a una educación más accesible.
