El Gobierno de Nicaragua rechazó la solicitud de extradición presentada por Colombia para el regreso del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, implicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue comunicada por la administración de Daniel Ortega a la Cancillería colombiana mediante un comunicado oficial, en el que también se confirmó la concesión de asilo político al exfuncionario señalado por la Fiscalía como una de las cabezas de la red de corrupción.
En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua sostuvo que “toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos”. Además, reiteró que ningún extranjero puede ser devuelto a un país donde su vida o libertad esté en riesgo por razones políticas, sociales o de credo.
La solicitud de extradición había sido enviada el 16 de agosto por orden del presidente Gustavo Petro, a través de la Embajada de Colombia en Nicaragua. No obstante, desde mayo, esa misma delegación había solicitado al país centroamericano residencia para González, quien permanece prófugo.
El presidente Petro, al referirse al caso, aseguró que se enteró de la gestión diplomática por la prensa y reiteró que su gobierno no protege “amigotes”, en alusión a las críticas que lo relacionan con el exdirector del DAPRE.
Finalmente, y frente al gesto por parte del Gobierno Nicaragüense, el mismo Jefe de Estado ha pedido al país centroamericano la revocatoria del asilo político y su pronta extradición.
