El Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) presentaron el balance sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el que advirtieron preocupaciones por la sostenibilidad financiera del programa en los territorios. Aunque se han destinado más recursos desde el Gobierno Nacional, decisiones adoptadas por algunas Entidades Territoriales Certificadas (ETC) han afectado su implementación oportuna y efectiva.
Entre 2022 y 2025, los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación destinados al PAE pasaron de 1,26 billones a 2,13 billones de pesos, lo que representa un aumento del 68%. Para 2026, la proyección es alcanzar los 2,9 billones. A esto se suman los aportes del Sistema General de Participaciones, regalías y recursos propios de las ETC, que deberían garantizar la sostenibilidad del programa.
Sin embargo, la UApA señaló que varias decisiones de las entidades territoriales han puesto en riesgo la operación del PAE. Entre ellas, la disminución en los aportes propios desde 2021, incumpliendo lo establecido en la Ley 2167, deficiencias en planeación, problemas en la contratación y ausencia de criterios de priorización, lo que ha limitado la eficiencia y cobertura del programa.
El panorama también refleja dificultades estructurales: la falta de definición de costos asociados a la prestación del servicio, procesos de contratación que no incluyen a productores locales y la reiterada selección de los mismos operadores, lo que reduce la competencia y desconoce las dinámicas alimentarias y culturales de cada región. Estas prácticas han generado mayores costos logísticos y han frenado la innovación.
De acuerdo con la UApA, la cobertura del PAE sigue siendo insuficiente. En 82 ETC, más de 421.000 estudiantes han dejado de recibir alimentación escolar, lo que impacta directamente su permanencia en el sistema educativo. A junio de 2025, la cobertura nacional alcanzó solo el 76,14%, pese a inversiones que superaron los 5,2 billones de pesos en 2024.
Para enfrentar este escenario, el Gobierno anunció medidas urgentes como la inspección y vigilancia de los recursos por parte de la UApA, la exigencia a las ETC de aumentar sus aportes, la aplicación de sanciones en casos de irregularidades y la implementación de mecanismos de trazabilidad para fortalecer la participación ciudadana y el control social sobre el PAE.
