La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de imponer una sanción restaurativa de ocho años al secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros, homicidios y otros delitos cometidos en el conflicto armado ha abierto un intenso debate nacional. Sectores sociales y organizaciones de víctimas cuestionan que el fallo sea insuficiente frente a la magnitud de las violaciones de derechos humanos.
En diálogo con Caracol Radio, Enrique Pertúz, coordinador general de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, expresó que el fallo genera desconfianza. “Ocho años sin un solo día de cárcel por tantos delitos confesados produce más inconformidad que aceptación”, señaló.
El defensor advirtió que con esta decisión los exjefes guerrilleros no estarían obligados a confesar más crímenes. “Ahí lo que hay es borrón y cuenta nueva. Las víctimas dicen que lo único que queda es esperar justicia divina”, aseguró.
Pertúz recordó que en Norte de Santander operó el Frente 33 de las Farc, implicado en múltiples hechos aún no esclarecidos. Según él, las víctimas perciben que faltó verdad frente a desapariciones forzadas y homicidios, lo que refuerza la idea de impunidad.
Finalmente, indicó que este tipo de fallos marcarán el camino de futuras negociaciones con otros grupos armados, pues difícilmente aceptarían sanciones con cárcel efectiva. Para Pertúz, el desafío es lograr que la justicia transicional se vea como una verdadera garantía de verdad, reparación y no repetición.
