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Comunidades rurales del Huila, bajo amenaza armada

El representante en Colombia de la ONU Derechos Humanos, Scott Campbell, visitó durante cuatro días los departamentos de Huila y Caquetá, donde se reunió con líderes sociales y comunidades para escuchar de primera mano sus denuncias frente a las amenazas y presiones de los grupos armados ilegales. En el caso del Huila, la preocupación fue mayor al constatar el miedo generalizado que viven quienes defienden derechos humanos en zonas rurales.

Campbell describió la situación como alarmante: “Vi el miedo en sus ojos. Los liderazgos sociales están acorralados; no tienen libertad de opinar ni de moverse en el territorio. Hay amenazas, homicidios, desconfianza para denunciar, extorsiones y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. No tienen paz”. Las comunidades del Huila aseguraron que la presencia armada ha limitado su vida cotidiana y los ha convertido en blanco de hostigamientos.

Líderes sociales del departamento advirtieron que han sido declarados “objetivo militar” por estructuras ilegales que imponen condiciones y restringen la organización comunitaria. “En las zonas rurales da miedo ir a la huerta, da miedo ir a la escuela, da miedo hablar, da miedo caminar”, expresaron, resaltando que incluso sus comunicaciones y movimientos son vigilados por los actores armados.

De acuerdo con la ONU Derechos Humanos, en lo corrido de 2025 se han verificado ya tres homicidios de defensores de derechos humanos en Huila, además de dos en Caquetá, cifras que reflejan la gravedad del escenario en la región. Las comunidades insisten en que los grupos armados tienen control sobre sus rutinas, conocen sus nombres y teléfonos, y los someten a un clima de temor constante.

Frente a este panorama, Campbell subrayó que es urgente construir una ruta de paz que garantice que los actores armados no puedan ingresar a los territorios y que el Estado colombiano asegure una presencia integral y permanente en Huila. Los líderes sociales coincidieron en que la institucionalidad actual es insuficiente y no responde al nivel de riesgo que enfrentan las comunidades.