Los ministros Eduardo Montealegre (Justicia) y Pedro Sánchez (Defensa) sostuvieron una reunión extraordinaria con la Policía Nacional, el INPEC y la Fiscalía General de la Nación para evaluar la ola de atentados cometidos recientemente contra guardianes del sistema penitenciario. En el encuentro también participaron delegados de investigación criminal, quienes revisaron las estrategias de protección a funcionarios en todo el país.
Según los reportes presentados, los ataques contra el cuerpo de custodia del INPEC y miembros de la Policía estarían siendo ejecutados por redes criminales coordinadas que buscan desestabilizar la gestión penitenciaria. Las autoridades confirmaron que se mantienen varias líneas de investigación abiertas, las cuales permanecerán en reserva para proteger el avance del proceso.
Como respuesta inmediata, el Gobierno dispuso una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los autores de los atentados. De igual forma, se creó un comando especial de investigación entre la Fiscalía y la Policía, encargado de perseguir y desarticular las estructuras criminales responsables de las agresiones.
El plan incluye medidas adicionales como el refuerzo de la seguridad en establecimientos carcelarios, el uso obligatorio de chalecos balísticos por parte de los guardianes y la persecución prioritaria de los grupos armados implicados. Asimismo, el Ministerio de Justicia actuará para garantizar que las decisiones judiciales no entorpezcan el avance de las investigaciones.
De manera complementaria, el Gobierno pondrá en marcha una política criminal moderna orientada a la seguridad penitenciaria y apoyada en tecnologías de información, con el fin de impedir la comisión de delitos desde las cárceles y proteger la vida del personal del INPEC. Estas acciones reafirman el compromiso institucional de no ceder ante la violencia ni la intimidación criminal.
