La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reafirmó que la protección de los derechos de los consumidores sigue siendo un eje central de la política pública del Gobierno nacional. Según la entidad, entre agosto de 2022 y septiembre de 2025 se han intensificado las acciones de control y sanción frente a los operadores de servicios de comunicaciones y postales en el país.
Durante este periodo, la SIC ha impuesto sanciones por un total de $104.570 millones, cifra que representa un incremento del 36% respecto al cuatrienio anterior, cuando las multas alcanzaron los $80.073 millones. En promedio, se han aplicado 99 sanciones anuales y se han realizado 85 jornadas de sensibilización para fortalecer el conocimiento y el ejercicio de los derechos de los usuarios.
Las quejas ciudadanas también han aumentado: mientras entre 2018 y 2022 se recibieron 99.220 reclamos, en el periodo actual la cifra asciende a 128.321. Según la SIC, las sanciones impuestas obedecen principalmente a prácticas como publicidad engañosa, obstáculos en la portabilidad numérica, cláusulas de permanencia injustificadas, facturación irregular y deficiencias en la calidad del servicio.
Entre las empresas más sancionadas se encuentran UNE EPM Telecomunicaciones (Tigo Hogar), Claro, Movistar, Wom, DirecTV, Servientrega, Emcali, Inter Rapidísimo, Tigo y Legon Telecomunicaciones. Todas ellas fueron objeto de procesos por vulnerar los derechos de los consumidores en distintos aspectos de la prestación del servicio.
La entidad destacó además el éxito del programa de autocomposición, mediante el cual el 87,9% de los casos denunciados en 2025 fueron resueltos favorablemente por los mismos operadores. Asimismo, la SIC realizó 12 visitas de acompañamiento a empresas de servicios comunitarios, con el fin de capacitarlas en el régimen de protección al usuario y promover buenas prácticas comerciales.
