La Fiscalía General de la Nación profirió una resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en actos de tortura y tratos crueles cometidos durante los hechos del Palacio de Justicia en 1985.
La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien concluyó que los entonces militares habrían participado en torturas contra varias personas rescatadas durante los enfrentamientos y posteriormente trasladadas a sedes militares y de Policía, entre ellas la Casa del Florero, donde fueron sometidas a maltratos físicos y psicológicos.
Los exoficiales llamados a juicio como coautores impropios del delito de tortura son: el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para la época era coronel y dirigía el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI); el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, comandante de la Unidad de Inteligencia de la Brigada XIII; el coronel (r) Fernando Blanco Gómez, el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez, y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón.
Según el expediente, estos uniformados habrían estado involucrados en tratos degradantes y torturas a 11 personas que fueron capturadas bajo la sospecha de participar en los hechos, aunque posteriormente se comprobó que varias eran civiles. Entre las víctimas se encuentran dos estudiantes de Derecho y un funcionario de obras públicas que fue detenido por error y recluido en la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, donde permaneció privado de la libertad por 15 días.
La Fiscalía precisó que esta resolución es de primera instancia, en el marco de la Ley 600 de 2000, y que los acusados podrán interponer los recursos legales correspondientes antes de que el proceso sea remitido a juicio.
