El municipio de Zipaquirá se convirtió en el primero del país en poner en marcha un consultorio médico dentro de una sede de Drogas La Rebaja, como parte de una estrategia para transformar estos establecimientos en puntos de atención primaria en salud. La iniciativa surge tras el proceso de extinción de dominio que permitió que estos activos pasaran a manos del Estado.

El modelo consiste en adecuar consultorios dentro de las droguerías para ofrecer consultas de baja complejidad, evitando que los usuarios deban acudir a centros hospitalarios. La propuesta se impulsa luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la conversión de estos puntos en espacios de atención primaria en distintas regiones.

Desde el primer punto habilitado, el asesor de gerencia de la cadena, Miguel Martínez, explicó que el modelo contempla cuatro líneas de atención: demanda directa, alianzas con entidades públicas, apoyo a salud pública y acciones de promoción y prevención. En el primer caso, señaló que los usuarios que acuden a la droguería podrán acceder a consulta médica para recibir diagnóstico, orientación o fórmula.

Según indicó, el servicio está enfocado en patologías básicas y en personas que suelen automedicarse, con el fin de que sean valoradas por un médico general y puedan acceder a tratamiento adecuado y a los medicamentos en el mismo lugar.

En cuanto a las alianzas, Martínez precisó que el piloto en Zipaquirá se desarrolla en coordinación con el Hospital La Samaritana, lo que permitirá facilitar citas prioritarias y mejorar la accesibilidad del servicio.

Los otros dos enfoques incluyen el respaldo a programas de salud pública y el fortalecimiento de estrategias de prevención. No obstante, la iniciativa ha generado cuestionamientos por parte del sindicato Asocopservir, que advierte posibles afectaciones para más de 5.300 trabajadores.

El presidente del sindicato, Deivis Carbonell, señaló que persisten dudas sobre el modelo de contratación, las responsabilidades operativas y la forma en que se manejarán las distintas unidades de negocio entre el Estado y Copservir.

Asimismo, indicó que existe incertidumbre sobre temas como arriendos, adecuaciones de los locales y distribución de costos, así como sobre la continuidad laboral de los trabajadores, en medio del cumplimiento de la decisión judicial que ordenó la entrega de los activos al Estado.

Frente a estas inquietudes, Martínez aseguró que el Gobierno ha definido lineamientos para garantizar la permanencia del personal y la viabilidad del modelo, con el objetivo de proteger a los trabajadores y asegurar el funcionamiento de la red de atención.