El abogado penalista José Luis Moreno, defensor del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, cuestionó el manejo que habría recibido un celular entregado voluntariamente por su cliente a la Fiscalía General de la Nación, en el marco del proceso por el escándalo de corrupción en la entidad.

Moreno aseguró que la defensa recibió preguntas de un medio de comunicación relacionadas con información que, según sostuvo, haría parte de contenido reservado de las investigaciones contra López. Para el jurista, esta situación genera interrogantes sobre el origen, la trazabilidad, la integridad y el contexto del material. “Si se trata de información sometida a reserva, resulta indispensable establecer quién tuvo acceso a ella”, afirmó.

De acuerdo con el abogado, al momento de entregar el dispositivo se habrían establecido condiciones sobre el acceso y utilización de la información contenida en el teléfono, por lo que, a su juicio, dicha entrega no podía interpretarse como una autorización ilimitada para acceder, reproducir o divulgar todo su contenido. Moreno recordó además que la Ley 906 de 2004 establece reglas relacionadas con la autenticidad, integridad y cadena de custodia de los elementos materiales probatorios.

El defensor también advirtió sobre el riesgo de que conversaciones, audios, capturas de pantalla o archivos sean presentados de manera fragmentada y fuera de su contexto original. A esto sumó su preocupación por el uso de herramientas de inteligencia artificial, debido a que algunas tecnologías permiten editar, reconstruir o conectar fragmentos de información para generar contenidos que aparenten ser originales, según señaló.

Por esta razón, Moreno pidió establecer quién tuvo acceso al dispositivo, quién realizó la extracción de la información, qué copias fueron generadas, cómo fueron preservadas y quién tuvo posteriormente acceso a esos archivos. La defensa de Olmedo López sostuvo que cualquier material que pueda tener incidencia en el proceso penal debe ser confrontado con su fuente original y sometido a las verificaciones correspondientes, al considerar que la verdad judicial debe construirse a partir de pruebas auténticas, íntegras y sometidas a contradicción.