En cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno colombiano ofreció un acto público de perdón a las víctimas, sobrevivientes y familias de los militantes de la Unión Patriótica (UP), asesinados durante casi dos décadas en lo que se reconoció como un genocidio político. Con este gesto, el Estado reafirmó su compromiso de no repetir hechos similares en Colombia ni en el mundo.
Durante la ceremonia, el presidente Gustavo Petro enfatizó que el Estado no debe “ofrecer” perdón, sino pedirlo, al reconocer su responsabilidad institucional en el exterminio de la UP. “Hoy aquí no está el Estado, está el Ejecutivo. Por eso quise que la cúpula militar me acompañara”, señaló, subrayando el simbolismo de la presencia de las Fuerzas Armadas.
Petro recordó que la Unión Patriótica surgió en 1985 como una “esperanza de paz” fruto de los acuerdos entre el Gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC, con el objetivo de reincorporar a excombatientes y sectores de izquierda a la vida democrática. Sin embargo, entre 1984 y 2002, más de 3.000 militantes fueron asesinados o desaparecidos.
“El fascismo convirtió la eliminación del contrario en costumbre, y así los pueblos se exterminan y las naciones mueren”, advirtió el jefe de Estado, quien insistió en la necesidad de aprender del pasado para no repetirlo.
En el acto también intervino la senadora Aída Avella, presidenta de la UP y una de las sobrevivientes del genocidio, quien agradeció el cumplimiento de la sentencia internacional. “No nos mataron a todos; los que quedamos ya nos multiplicamos. ¡Viva la Unión Patriótica!”, expresó, pidiendo a las Fuerzas Armadas compromiso con los derechos humanos y la no repetición.
