La Corte Constitucional admitió una demanda que cuestiona la legalidad del memorando de entendimiento que dio origen a la zona binacional entre Colombia y Venezuela. La acción fue interpuesta por el ciudadano David Jacobo Gómez, quien sostiene que dicho acuerdo constituye un tratado internacional.
Según el demandante, el documento debió pasar por aprobación del Congreso y por control previo de la Corte, procesos que, a su juicio, fueron omitidos. Esto, plantea Gómez, configuraría un vicio en el trámite del memorando.
Mediante auto, la Corte ordenó la práctica de pruebas para determinar cómo se negoció e implementó el acuerdo y evaluar si este eludió los controles constitucionales. La decisión también abre la posibilidad de una suspensión provisional del memorando mientras se adelanta el estudio.
Frente a las críticas, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, ha explicado que el documento “es una hoja de ruta de trabajo articulado” y no un tratado internacional, aclarando que todas las decisiones se adoptan bajo el marco constitucional colombiano.
El Gobierno enfatiza que la iniciativa busca promover la transformación productiva en regiones históricamente marginadas, como el Catatumbo, y que no compromete la soberanía ni el ordenamiento territorial del país.
