El Gobierno Nacional anunció que emprenderá acciones jurídicas contra los gobernadores que se nieguen a aplicar los decretos expedidos durante la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro. La advertencia fue hecha por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, tras la posición asumida por 17 mandatarios departamentales que expresaron su negativa a acatar las medidas.

Idárraga calificó la postura de los gobernadores como un “exabrupto jurídico” y explicó que, según los actos administrativos que emita cada departamento para respaldar esa decisión, el Ejecutivo evaluará las acciones legales correspondientes. Recordó además que los gobernadores no tienen competencia para cuestionar la validez de los decretos de emergencia, ya que esa es una atribución exclusiva de la Corte Constitucional.

El funcionario también advirtió que intentar desconocer las disposiciones mediante una excepción de inconstitucionalidad sería improcedente y podría constituir una usurpación de funciones, así como un desconocimiento de la Constitución Política.

En paralelo, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) informó que radicó ante la Corte Constitucional una coadyuvancia a la solicitud de medida cautelar presentada por la Alcaldía de Medellín, con el fin de suspender provisionalmente el Decreto 1390 de 2025, que declaró el estado de emergencia económica y social.

Según Asocapitales, los argumentos del Gobierno no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad y gravedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución, pues se trataría de problemas estructurales que deben resolverse mediante mecanismos ordinarios. Por ello, también pidieron suspender los efectos del Decreto 1474 de 2025 y de los demás que se deriven de la emergencia.

Por su parte, la Federación Nacional de Departamentos (FND) anunció que acompañará a los gobernadores en la búsqueda de un mecanismo jurídico urgente para frenar los efectos del Decreto 1474, especialmente los relacionados con el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA del 5 % al 19 %, mientras la Corte Constitucional emite un pronunciamiento de fondo.

La FND advirtió que las nuevas medidas tributarias podrían comprometer la sostenibilidad financiera de los departamentos y afectar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte. Además, los mandatarios solicitarán un espacio de intervención ante la Corte y designaron una comisión de voceros para representar a los territorios en este proceso.