La Contraloría General de la República reiteró su advertencia sobre el grave deterioro en el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria y advirtió que la crisis financiera del sistema de salud no solo persiste, sino que se ha agravado significativamente durante el último año. El organismo de control amplió su llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, señalando fallas estructurales en la distribución y pago de los recursos.

Según el más reciente informe, aunque el giro directo de la Adres aumentó un 27,2 %, las deudas con los hospitales públicos crecieron a un ritmo acelerado, pasando de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un incremento cercano al 30 % en solo nueve meses.

El ente de control advirtió que persisten los pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS —incluidas las intervenidas— frente a los servicios financiados con la UPC. Esto demuestra, según la Contraloría, que las medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud han sido insuficientes e ineficaces, generando riesgo de pérdida de recursos públicos.

El informe también evidencia una distribución desigual de los recursos: en 2025, los prestadores privados recibieron el 67,7 % del giro directo, mientras que los hospitales públicos solo accedieron al 23,2 %, lo que profundiza la asfixia financiera de una red que presta servicios en más de 600 municipios, especialmente en zonas rurales y apartadas.

Además, la Contraloría expresó su preocupación por la Nueva EPS, que no presenta estados financieros desde 2023, y recordó que existen recursos de presupuestos máximos disponibles que podrían aliviar la crisis si se giran a las IPS, especialmente a las de baja complejidad. La entidad instó a la Supersalud y al Ministerio de Salud a adoptar acciones inmediatas y estructurales para garantizar el flujo oportuno de los recursos y evitar un eventual colapso del sistema, que pondría en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.