La plenaria del Senado de la República aprobó por 75 votos a favor y 2 en contra el proyecto de acto legislativo 018 Senado – 437 de 2024 Cámara, “Por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifican los artículos 336 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” sobre el Sistema General de Participaciones (SGP).
Se trata, según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, “de la más importante reforma social y política de la última década”, ya que modifica el actual estatuto con el que el Gobierno Nacional transfiere recursos a las regiones, especialmente a las más pobres.
El texto consta de solo dos artículos. El primero modifica el artículo 356 de la Constitución Política de 1991, en el que se “establecen las competencias a cargo de la Nación y de los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas”, y establece nuevas responsabilidades fiscales a cargo de estos entes territoriales.
El segundo artículo del texto modifica el artículo 357 constitucional, que establece que el SGP crecerá hasta el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación durante los próximos 12 años a partir de 2027.
En principio, la propuesta del acto legislativo, de origen parlamentario y que contó con el aval del presidente Gustavo Petro, establecía que el SGP llegaría al 46,5%, pero la concertación con todas las bancadas políticas permitió reducir ese porcentaje al 39,5%.
La gradualidad de la aplicación de la nueva norma, que estaba en 10 años, se acordó dejarla en 12 años para garantizar su financiación y respetar el cumplimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo, establecido por el Ministerio de Hacienda en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’.
Actualmente, los recursos que gira la Nación a los entes territoriales a través del SGP arrancan desde el 25,7%, tomando como base el Presupuesto General de la Nación aprobado para 2025.
Durante el debate, el ponente coordinador, senador Ariel Ávila, explicó que “actualmente, cerca de 300 municipios del país están quebrados”, por lo que esta reforma constitucional “es necesaria” para garantizar recursos para servicios como acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, salud y educación, principalmente.
Lo que sigue
Sin embargo, antes de que esta reforma constitucional empiece a regir en 2027, deberá ser aprobada por el Legislativo una Ley de Competencias, que el Gobierno Nacional debe presentar dentro de los seis meses siguientes a la aprobación del acto legislativo.
En ella se deben precisar las responsabilidades fiscales de los entes territoriales, y se debe dar prioridad al cierre de brechas en salud y educación.
Agradecimiento del Gobierno
Al término de la sesión plenaria, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, agradeció al Congreso de la República y expresó que este proyecto, que contó con el respaldo del Gobierno del Cambio, “es parte del Acuerdo Nacional que propuso el presidente Gustavo Petro”.
“Todas las bancadas, sin excepción, han apoyado esta propuesta de autonomía territorial que permitirá avanzar hacia una mayor autonomía con sostenibilidad fiscal. Este proyecto es el más importante en el mediano y largo plazo para Colombia, y más allá de la coyuntura de las otras iniciativas que convocó el Gobierno en el marco del gran Acuerdo Nacional”.
La iniciativa, que surtió el sexto debate (requiere de ocho debates en dos vueltas por tratarse de una reforma a la Constitución), pasará ahora a consideración de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y luego a la plenaria de la corporación.