La iniciativa establece algunos beneficios de orden tributario y administrativo para aquellas entidades y organizaciones público o privadas, que se vinculen y participen en el Programa de Cárceles Productivas (PCP).
«El 21% de personas privadas de la libertad en nuestro país terminan reincidiendo y el hacinamiento ya se acerca a un 23%, por eso la importancia de este proyecto de Ley para que los privados de la libertad logren un verdadero proceso de resocialización y rehabilitación que permita transformar sus vidas y evitar la reiteración de delitos», anotó el representante Carlos Ardila, ponente de la iniciativa.
Para el congresista liberal la creación de una política pública debe incentivar a las entidades y empresas tanto del sector público, y muy especialmente, a las del sector privado, para que se hagan partícipes de ese sistema de productividad carcelaria para así desarrollar, producir, elaborar y confeccionar productos al interior de los centros carcelarios a fin de coadyuvar los procesos de resocialización y rehabilitación de los internos.
«Este es un proyecto que se viene trabajando de manera articulada con el Ministerio de Justicia y en mesas con el sector privado. Es un proyecto de Ley con un gran sentido de humanidad y tiene un gran impacto en la sociedad», celebró el congresista liberal.
