La audiencia pública adelantada el jueves 16 de marzo en el recinto de la Asamblea del Huila, reunió a varios actores como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, Defensoría del Pueblo, Contraloría Departamental, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, Gobierno Departamental, Aso Quimbo, alcaldes de los municipios del centro del Huila y comunidad en general, con el objeto de revisar si se han cumplido con los compromisos adquiridos en la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. En el desarrollo de este importante evento, en el que Enel-Emgesa no hizo presencia, pese a que se le extendió especial invitación, se evidenció que a la fecha faltan por cumplir un alto porcentaje de las obligaciones para compensar estos trabajos a la población del departamento.
Primeramente, delegadas de la ANLA se refirieron al Auto 11844 del 20 de diciembre de 2022 sobre la modificación al documento de cooperación por parte de Enel-Emgesa con el proyecto Hidroeléctrico, indicando que la entidad gubernamental no es partícipe de tal modificación.
“ANLA no va a modificar un acuerdo del cual no hizo parte. Nosotros somos competentes frente a la licencia ambiental. Entiendo que no es fácil de comprender puesto que es un acuerdo que está incorporado dentro de la licencia, pero insistimos en que no es verdad que la ANLA haya modificado, no es verdad que estemos cambiando la obligación de las 2.700 hectáreas porque no es competencia nuestra. No estamos al servicio de una empresa, ANLA trabaja en beneficio del sector ambiente y de un desarrollo sostenible”, sostuvo Sandra Patricia Bejarano asesora jurídica del despacho de la subdirección de licencias ambientales-ANLA.
Gobierno Departamental
Por su parte Julio Cesar Garzón, del Equipo de Implementación del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural de la Secretaría de Agricultura del Huila, advirtió que Enel-Emgesa pretende con la modificación de la obligación de compensación de las 2.700 hectáreas, inversiones que calculan deben estar por los 270 mil millones de pesos, recursos que están hoy contemplados en la licencia ambiental para la restitución de las áreas inundadas y la productividad perdida de los municipios y para la compensación de esas 427 familias, cambiarla por una inversión máxima de 18 mil millones de pesos, con 42 millones de pesos para cada familia.
“Esto le representaría al departamento una pérdida en inversión aproximadamente de 252 mil millones de pesos, lo cual el gobernador Luis Enrique Ortíz ha estado siempre muy firme en que no negocia de esa forma porque no podemos el Huila perder tales inversiones”, sostuvo el delegado.
Durante la jornada intervino Luis Fernando Murcia, alcalde del municipio de El Agrado en nombre de los seis alcaldes del centro del Huila y las comunidades de estas poblaciones directamente afectadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico, donde se refirió a nueve puntos en los cuáles resume las peticiones de las familias afectadas. Además afirmó que, de 427 beneficiarios, 30 ya fallecieron esperando algún tipo de compensación y ahora estos beneficios deben ser cedidos a los hijos y familiares de estas personas.
Solicitud al Gobierno Nacional
A su turno el presidente de la Duma Departamental Armando Acuña, tras escuchar a la institucionalidad y a las comunidades participantes, concluyó que queda claro que desde hace 14 años el gobierno nacional ha permitido el incumplimiento del acuerdo de compensación a los afectados de los proyectos. Y que el operador ENEL – EMGESA no ha realizado las acciones pertinentes para hacer realidad el compromiso que adquirió con la firma del acuerdo.
Indicó Acuña que, resultante de esta audiencia pública, la Asamblea realizará una solicitud al Gobierno Nacional exhortando en cabeza del presidente Gustavo Petro realice la implementación inmediata del acuerdo y conmine a las partes a su cumplimiento.
“Lo han reiterado aquí varias personas, el incumplimiento de Emgesa, ellos aceptaron unas reglas de juego en la licencia y en ese entonces no miró dificultades, ni los costos, los aceptó. Hoy ya logró dividir a la comunidad, los unos en que modifiquen la licencia y los otros en que no. Eso es lo que está logrando Emgesa además de los incumplimientos”, dijo el diputado Acuña.
La Defensoría del Pueblo departamental mostró su preocupación por los diferentes incumplimientos que se han presentado desde el inicio de la construcción de esta megaobra, ya que no se han tenido en cuenta las peticiones de la comunidad afectada, “La Defensoría ha escuchado el clamor de la comunidad y la inclusión de unas de las personas que hacen falta tener en cuenta en todo el paquete de compensación que las entidades correspondientes deben por mandato legal y constitucional hacer”, manifestó la defensora regional Johana Elena Rojas Herrera.
