La Asamblea del Huila sirvió de escenario para un fuerte llamado en defensa del sector arrocero, considerado pilar económico y de seguridad alimentaria en la región. Durante la sesión ordinaria, diputados, gremios y productores advirtieron que la crisis que atraviesan los arroceros amenaza la estabilidad de más de 16.000 familias. El presidente de la Asamblea, Sergio Trujillo, resaltó que mientras producir una tonelada cuesta más de 2.300.000 pesos, el mercado solo paga 1.800.000, generando pérdidas permanentes para los agricultores.
Entre las medidas urgentes que la Asamblea pidió al Gobierno Nacional están la fijación de un precio de sustentación, control al contrabando, compra estatal de cosechas, alivios financieros y el restablecimiento de una política de almacenamiento. Elkin Flores, de la Federación Nacional de Arroceros, señaló que la eliminación del incentivo al almacenamiento en 2023 fue un error que desestabilizó el mercado, agravando la crisis actual. Además, se mencionó el lento avance del Molino de Azojuncal, que podría fortalecer el control de la producción en el Huila.
El diputado Armando Acuña lamentó la indiferencia estatal ante una crisis que lleva más de una década, advirtiendo que el arroz es el tercer renglón económico del Huila, con más de 5.000 empleos directos y 1.3 millones de jornales en riesgo. Criticó la permisividad con el ingreso de arroz extranjero, incluso de contrabando, que golpea al agricultor mientras el consumidor paga precios altos.
Por su parte, Daniel Francisco Godoy, productor arrocero, describió un panorama desolador con pérdidas por hectárea de hasta 2.400.000 pesos y un mercado sin regulación. Alertó que municipios como Campoalegre, Tesalia y Garzón podrían enfrentar el colapso económico si no se toman medidas urgentes.
Finalmente, el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, reconoció los bloqueos en vías nacionales liderados por arroceros en protesta. Aunque defendió el diálogo, insistió en que el Gobierno debe responder con acciones concretas. La Asamblea se comprometió a elaborar un informe oficial que recoja las problemáticas del gremio para remitirlo al Gobierno Nacional.
