El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó los detalles del Escudo Nacional Antidrones, una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno para enfrentar la creciente amenaza de grupos criminales que emplean drones con explosivos en distintas regiones del país.

Con una inversión total estimada en 6,2 billones de pesos, de los cuales un billón se ejecutará este año, el sistema busca convertirse en un escudo protector para las tropas, buques, vehículos e instalaciones fijas. No se trata de un único dispositivo, sino de un sistema de múltiples capas diseñado para detectar y neutralizar amenazas aéreas en cuestión de segundos.

Sánchez destacó que la tecnología debe permitir una interacción automática y rápida entre los sistemas, dada la velocidad con la que se desarrollan los ataques con drones.

El ministro precisó que la orientación de Colombia es hacia la tecnología occidental, con el objetivo de garantizar la interoperabilidad con aliados estratégicos como Estados Unidos y países de Europa. Aunque algunas compañías chinas han ofrecido alternativas, el Gobierno ha optado por priorizar estándares compatibles con las tácticas y procedimientos nacionales.

Sánchez aclaró que esta decisión no responde a condicionamientos externos, sino a una postura de autonomía nacional, basada en los intereses y necesidades de la seguridad del país.

El jefe de la cartera de Defensa también se refirió a la cooperación con Ecuador, rechazando las afirmaciones de falta de apoyo y resaltando que los resultados operativos muestran lo contrario. En los últimos meses, las incautaciones de cocaína aumentaron en un 321 %, alcanzando 286 toneladas, y se han desplegado 10.700 efectivos en los departamentos de Nariño y Putumayo, logrando reducir las tasas de homicidio en la zona fronteriza.

Finalmente, Sánchez abordó la situación en el departamento del Meta, donde continúan los enfrentamientos contra las disidencias del grupo de “Calarcá”, lideradas por alias Patepalo. El ministro expresó su preocupación por los recientes casos de muertes en circunstancias irregulares, entre ellas las de cuatro menores reclutados ilícitamente, reiterando el compromiso del Gobierno con el respeto a los derechos humanos y la protección de la población civil.