Aumento del reclutamiento infantil
Un informe reciente de International Crisis Group alerta que el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados y criminales en Colombia ha aumentado de manera alarmante, al punto que más de la mitad de los nuevos reclutas podrían ser niños y adolescentes. Esta tendencia refleja una transformación profunda en la dinámica del conflicto armado en el país y pone en riesgo a miles de jóvenes en zonas afectadas por la violencia.
Según el reporte, es probable que actualmente más de mil menores estén integrados en las filas de distintas organizaciones armadas ilegales, donde son utilizados en combate de alto riesgo y otras funciones peligrosas, en muchos casos sin entrenamiento y expuestos a violencia extrema. Esta presencia creciente de menores no solo demuestra la magnitud del fenómeno, sino también la instrumentalización de los niños para controlar territorios y enfrentar a sus rivales.
El documento subraya que todas las grandes estructuras armadas del país —incluidas las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo— reclutan menores sin excepción, llegando en algunos grupos a que más de un tercio de sus combatientes sean menores de edad.
Además, el modo de captación ha cambiado con el paso del tiempo: mientras que en décadas anteriores predominaban los secuestros forzados, hoy se observa una estrategia basada en engaños y falsas promesas de dinero, estatus o protección, así como vínculos sentimentales, influencias que se aprovechan especialmente en zonas rurales y entre comunidades indígenas y afrodescendientes.
El informe vincula este fenómeno con la evolución del conflicto tras la firma del acuerdo de paz de 2016, ya que la salida de la antigua guerrilla dejó vacíos de poder en territorios estratégicos que otros actores han buscado ocupar, intensificando la competencia criminal. El reclutamiento infantil no solo expone a los menores a situaciones de violencia extrema, sino que también debilita la resistencia de las comunidades y dificulta que las familias denuncien por temor a represalias.
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