El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, solicitó a la Corte Constitucional una serie de aclaraciones sobre la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, conocida como la Reforma Pensional, en caso de que sea declarada exequible. La petición fue dirigida al magistrado ponente y presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez.
El Banco busca precisar la fecha exacta en la que entraría en vigor la nueva ley y el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte por origen común. Esto, debido a que la normativa asigna al emisor la responsabilidad de administrar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), una “cuenta especial” que financiará las pensiones del componente de prima media.
Dicho fondo recibirá los aportes de los trabajadores afiliados y será clave para garantizar la sostenibilidad del nuevo sistema. Sin embargo, para asumir esta tarea, el Banco debe conocer con claridad los tiempos legales y la reglamentación que debe expedir el Gobierno nacional.
Entre las inquietudes planteadas por la entidad están: la fecha precisa de entrada en vigencia de la Ley 2381, si es posible diferir la implementación del sistema, y si se puede otorgar un plazo adicional.
En ese sentido, el Banco pidió que se considere una entrada en vigor del Sistema de Protección Social tres meses después de publicada la eventual sentencia de exequibilidad. Este tiempo, según el emisor, es necesario para adelantar la reactivación de procesos operativos y de contratación vinculados al manejo del FAPC.
Aunque la Cámara de Representantes ya corrigió los vicios de trámite de la ley, la Corte aún no se ha pronunciado, pues sigue a la espera del informe que debe remitir dicha corporación legislativa.
