El Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia en todas las cárceles del país, para así luchar contra las pandillas y los actos violentos cometidos contra los funcionarios el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).El Senador del Partido Alianza Verde Ariel Ávila, afirmó “Ya desde todas las cárceles están saliendo llamadas extorsivas, los bloqueadores de señales no sirven, y las organizaciones criminales están controlando las cárceles y desde allí operan”.
Construir al menos dos centros carcelarios de alta seguridad, y trasladar varios penales a sectores donde puedan funcionar los inhibidores de señal para los celulares, aseguran los Senadores seria parte de la solución.
Jota Pe Hernández Senador Partido Alianza Verde, afirmó para las cámaras del Noticiero del Senado “Para que esta gente no tenga ningún tipo de señal móvil, tendríamos que sacar muchas cárceles de los centros de la ciudad. Un ejemplo Bucaramanga tiene la cárcel en todo el centro de la ciudad”.
Así mismo afirman los senadores que para conjurar esta crisis también es necesario tratar el problema de sobrecupo en las cárceles del país, y realizar una reforma al INPEC. El senador Ávila, se refirió a un tercer punto que considera muy dramático, “Es que hay una corrupción muy grande en la institucionalidad”. Por su parte Hernández Pulido,afirmó “es necesario liquidar el INPEC, es necesario que haya una guardia Militar carcelaria, la necesitamos”.
Desde el Congreso se avanza en un Proyecto de Ley que busca ampliar la capacidad de los municipios para atender a las personas privadas de la libertad.
Otra de las opiniones sobre este tema fue la de la Senadora de la Coalición Pacto Histórico Clara López, quien, en declaraciones para el Noticiero del Senado, afirmó “Debe haber nuevos centros carcelarios, no cárceles de alta seguridad, pero debemos resolver eso problemas que se ven las URIS, que se ven en los municipios de tanta gente cuyos derechos fundamentales están siendo violados porque hay un sobrecupo en todas las instalaciones”.
Cabe resaltar que esta es la cuarta ocasión que se declara una emergencia carcelaria en el país. La primera fue en el 2013 por hacinamiento, la segunda en 2016 por la liquidación de Caprecom, y la tercera en 2020 por la pandemia del COVID-19.
