El Gobierno Nacional activó un plan de atención humanitaria tras la deportación masiva de 1.000 colombianos que se encontraban detenidos en cárceles de Ecuador. De acuerdo con el reporte oficial, cerca de 450 connacionales ya han ingresado al país, mientras los demás permanecen en el puente internacional de Rumichaca.
La canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, se desplazó hasta la frontera para verificar las condiciones de llegada de los deportados y supervisar el cumplimiento de los protocolos que garanticen sus derechos fundamentales.
La Cancillería informó que hasta el momento solo se cuenta con antecedentes judiciales de 348 de los expulsados. Por ello, Colombia solicitó al Gobierno ecuatoriano, mediante nota verbal, el envío de la información restante para avanzar en los trámites correspondientes.
El Ejecutivo indicó que trabaja de manera articulada con el Puesto de Mando Unificado, instalado por la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Ipiales, para organizar la recepción de los deportados. Este esfuerzo incluye garantizar hospedaje, alimentación y transporte hacia sus lugares de destino.
Las autoridades colombianas reiteraron su compromiso de brindar acompañamiento integral a los connacionales afectados por la medida, al tiempo que se mantiene la coordinación con Ecuador para esclarecer la situación judicial de todos los deportados.
