La líder de derecha Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú para el periodo 2026-2031 y, en su primer discurso ante el Congreso, anunció un paquete de medidas centradas en la seguridad, la economía y la atención de emergencias. Entre sus principales anuncios figuran otorgar un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, reformar el sistema penitenciario y aumentar en un 15 % el salario mínimo, que pasará de 1.130 a 1.300 soles.

La ceremonia, realizada en el Congreso durante las celebraciones por el Día Nacional de Perú, marcó el regreso del fujimorismo al poder casi 26 años después de la salida del expresidente Alberto Fujimori. Antes de que iniciara la intervención de la nueva mandataria, varios congresistas de izquierda abandonaron el hemiciclo al grito de «¡Justicia para las víctimas!», exhibiendo fotografías de personas fallecidas durante el gobierno de Alberto Fujimori y en las protestas registradas tras la destitución de Pedro Castillo.

En su intervención, Fujimori aseguró que recibe un país «marcado por el abandono» y con un Estado debilitado por la improvisación, al tiempo que prometió gobernar únicamente durante el periodo constitucional de cinco años. También anunció que solicitará facultades legislativas al Congreso para fortalecer la lucha contra la delincuencia, incluyendo la participación de los militares en operaciones contra el crimen organizado en zonas declaradas en emergencia.

En el frente económico, la presidenta confirmó el incremento del salario mínimo y anunció un bono extraordinario para las micro y pequeñas empresas con el fin de facilitar la formalización laboral y mitigar el impacto del aumento en los costos. Además, se comprometió a duplicar el programa Pensión 65, reducir a la mitad la pobreza infantil y destinar recursos extraordinarios para preparar al país frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

La mandataria también expresó su compromiso con el equilibrio fiscal, la libertad de prensa y la reconciliación nacional, aunque evitó pronunciarse sobre un posible indulto al expresidente Pedro Castillo, condenado por su fallido intento de golpe de Estado en 2022, una de las principales exigencias de sectores de izquierda.

Mientras se desarrollaba la ceremonia de posesión, familiares de las víctimas de la represión ocurrida entre finales de 2022 e inicios de 2023 se manifestaron en las inmediaciones del Congreso para exigir justicia y el esclarecimiento de las muertes registradas durante las protestas posteriores a la caída de Castillo.