El Plan de Prevención, Protección y Garantías de No repetición fue actualizado y aprobado con las observaciones dadas por víctimas del conflicto, instituciones gubernamentales, fuerza pública, gabinete municipal e integrantes del Comité. Dentro de las actualizaciones a destacar se encuentra la evaluación de los escenarios de riesgo de amenaza, desplazamiento forzado, extorsión, reclutamiento forzado a menores de edad y homicidio.
“El Comité de Justicia Transicional territorial, es la máxima instancia que permite hacerle seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas”, agregó Yhina Paola Lombana López, directora territorial de la Unidad de Víctimas para los departamentos de Huila y Caquetá.
A su vez, fue evaluado el concepto de seguridad emitido por la Policía y el Ejército Nacional, para el retorno y reubicación de las víctimas del conflicto armado en la ciudad de Neiva, el cual fue avalado para la zona urbana bajo observaciones específicas y no aprobado para la zona rural.
“Esto significa que podemos hacer procesos de retorno y reubicación en el área urbana, previo concepto de la Policía Nacional, en mesas técnicas en donde se hace la evaluación caso a caso, casos individuales y no se avala para la zona rural debido a las dinámicas del conflicto que se están viviendo en las mismas”, expresó Esmith Duarte Cano, secretaría de Paz y Derechos Humanos.
