La condena fue impuesta por la Juez Primera Penal del Circuito de Neiva que negó la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena. El ex mandatario invirtió ilegalmente $2.000 millones de pesos correspondientes a excedentes de regalías, a través de Raúl Toro Pérez, quien gestionó personalmente el supuesto contrato, sin estar legalmente autorizado para realizar ese tipo operaciones como corredor de bolsa.
El caso Tigsa
Caso Tigsa hace alusión a cómo Raúl Toro Pérez, representante legal de la entidad, aparecía como el único responsable de un contrato de encargo fiduciario firmado con documentación falsa con las alcaldías de Neiva y Palermo.
Según las autoridades, dispuso de más de 14.000 millones de pesos para realizar giros a particulares para obras de electrificación. Además, con documentación falsa le cedió a las alcaldías los derechos económicos, y esto no sucedió.
El Fondo de Inversión Fiducor, nunca se enteró ni avaló la supuesta cesión y certificó que Tigsa aparecía como el único responsable del contrato de encargo fiduciario y no las alcaldías, como ingenuamente los creyeron sus titulares.
