El Consejo de Estado suspendió de manera provisional dos disposiciones de un decreto del Gobierno que autorizaban el traslado de cerca de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de El Niño, al considerar que el Ejecutivo habría excedido sus facultades al modificar el Presupuesto General de la Nación sin autorización del Congreso.

La decisión fue adoptada al admitir una demanda contra el decreto expedido en el marco de la emergencia declarada para enfrentar las afectaciones derivadas de las altas temperaturas. La medida cautelar recae sobre el parágrafo del artículo 4 y el inciso segundo del artículo 5, que facultaban al Ministerio de Hacienda para realizar traslados presupuestales destinados a atender a las poblaciones priorizadas y ejecutar otras acciones relacionadas con la emergencia.

En un análisis preliminar, el alto tribunal concluyó que el Gobierno habría vulnerado las normas constitucionales que regulan la modificación del presupuesto nacional. Según explicó la corporación, la Constitución establece que la creación, modificación o traslado de partidas presupuestales requiere, por regla general, autorización del Congreso, salvo en los casos de estados de excepción o cuando exista una habilitación legal expresa.

El Consejo de Estado también señaló que el artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, invocado por el Gobierno como sustento jurídico, no otorga la facultad de realizar traslados presupuestales. A juicio del tribunal, esa disposición únicamente obliga al Ministerio de Hacienda a garantizar que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuente con los recursos necesarios para atender emergencias, pero no autoriza modificar el Presupuesto General de la Nación sin cumplir el procedimiento previsto en la ley.

Como parte de su decisión, la corporación advirtió que era necesario adoptar la medida cautelar de manera inmediata para evitar que los recursos fueran trasladados y comprometidos mediante mecanismos de contratación especial antes de que se resolviera el proceso judicial, lo que podría dificultar revertir esas actuaciones en caso de que el decreto fuera declarado ilegal.

Mientras avanza el estudio de fondo del caso, las demás disposiciones del decreto continúan vigentes. Tras la admisión de la demanda, las entidades del Gobierno serán notificadas para presentar sus argumentos de defensa, luego de lo cual el Consejo de Estado analizará las pruebas y emitirá una decisión definitiva sobre la constitucionalidad y legalidad de las normas demandadas.