La Contraloría General de la República alertó sobre el incremento en la contratación del Gobierno del presidente Gustavo Petro durante las semanas posteriores a las elecciones, al revelar que desde el cierre de los comicios se han suscrito 14.414 contratos por un valor cercano a los 4,5 billones de pesos.

De acuerdo con el informe del organismo de control, esta cifra representa un aumento del 22,5 % frente al comportamiento registrado por administraciones anteriores en la etapa final de sus respectivos mandatos. La mayoría de los contratos fueron adjudicados mediante contratación directa, es decir, sin procesos de licitación pública, y las principales entidades observadas son la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior.

La principal preocupación de la Contraloría radica en que estos compromisos financieros podrían no contar con un respaldo suficiente dentro de las finanzas públicas. El ente recordó que el Presupuesto General de la Nación para este año presenta un déficit, agravado tras el fracaso de la reforma tributaria que buscaba recaudar 26 billones de pesos. Aunque el Gobierno ha intentado compensar parte de ese faltante con recursos obtenidos tras la declaratoria de emergencia por las lluvias, aún no se ha realizado un ajuste presupuestal formal, una tarea que quedará en manos de la próxima administración.

«Adoptar decisiones de transferencias, asignaciones presupuestales y nuevos compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente profundiza las presiones sobre la caja del Gobierno Nacional, compromete el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, incrementa las necesidades de endeudamiento y genera una potencial afectación al patrimonio público», advirtió la Contraloría.

El pronunciamiento se produce a dos semanas del inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella, quien ya anunció un plan de austeridad y la presentación de una nueva reforma tributaria en septiembre para atender la situación fiscal del país.

La entidad explicó que esta función de advertencia tiene como propósito prevenir posibles afectaciones al patrimonio público y fortalecer el seguimiento a los riesgos fiscales. No obstante, aclaró que dicha actuación no le otorga facultades para suspender la contratación estatal ni para obligar al Gobierno saliente a disminuir el ritmo de sus compromisos contractuales.

«La entidad tiene el deber de advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar el patrimonio público y, de materializarse estos, adelantar las actuaciones de responsabilidad fiscal que correspondan», concluyó el organismo de control.