Una auditoría financiera de la vigencia 2024 realizada por la Contraloría General de la República al SENA dejó al descubierto graves irregularidades en la entidad. El informe reveló 11 hallazgos fiscales por un valor total de 2.308 millones de pesos, además de 77 hallazgos disciplinarios y 2 con posible incidencia penal. Las principales deficiencias se concentraron en las sedes de Antioquia y Santander, donde se identificaron debilidades en la supervisión, fallas en la ejecución de contratos, mal manejo de inventarios y problemas en el transporte y en la justificación de pagos.
En Santander, específicamente en el proyecto de ampliación del SENA en San Gil, se detectaron irregularidades por 1.008 millones de pesos asociados a recursos entregados a un tercero para asistencia técnica y administración de fondos. En Antioquia, por su parte, se reportaron hallazgos fiscales por 645 millones debido a la desaparición de 256 elementos de bodega que no contaban con el soporte de las resoluciones necesarias para su baja.
La Contraloría emitió una opinión negativa sobre los estados contables del SENA al 31 de diciembre de 2024, al considerar que no reflejan de manera razonable la situación financiera de la entidad. Igualmente, se emitió una Opinión Presupuestal con Salvedades debido a la creación de reservas presupuestales que no cumplieron con los requisitos normativos, lo que afectó los recursos de la vigencia.
Adicionalmente, la Contraloría identificó serias fallas en dos contratos suscritos por el SENA Regional Magdalena, por un monto total de 2.493 millones de pesos, destinados a la construcción de almacenes en los centros de Gaira y Promoción Ecoturística. Aunque las obras comenzaron en 2023, actualmente están suspendidas y presentan irregularidades como la ausencia de estudios técnicos actualizados, errores en las fases precontractual y contractual, y cambios no justificados técnicamente.
A pesar de las irregularidades, el proceso de auditoría permitió generar beneficios al patrimonio público por 4.958 millones de pesos. La Contraloría anunció que hará seguimiento a estos casos para determinar posibles responsabilidades fiscales o disciplinarias, con el objetivo de proteger los recursos destinados a la educación técnica y tecnológica del país.
