La Corte Constitucional publicó en su totalidad la sentencia del caso entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022. El alto tribunal reafirmó la vigencia del fuero presidencial y utilizó como referencia el caso Trump vs. Estados Unidos, marcando así un precedente jurídico en Colombia.
En mayo de este año, la Corte había frenado una eventual sanción del CNE contra el mandatario, luego de una polémica decisión del Consejo de Estado que había avalado la competencia de ese organismo para investigarlo. En ese momento solo se conocía el resolutivo de la sentencia; sin embargo, ahora se revelaron los fundamentos jurídicos completos.
El tribunal colombiano citó el precedente estadounidense para explicar el alcance de la inmunidad presidencial. “La Corte estadounidense desarrolló específicamente el alcance de la inmunidad penal, señalando que busca evitar que la amenaza de sanciones penales distorsione el ejercicio independiente del poder presidencial”, indica el fallo, adoptando esa interpretación para el contexto colombiano.
En su análisis, la Corte Constitucional fue enfática en dos puntos principales. Primero, reiteró que el CNE no puede investigar ni sancionar a un presidente en ejercicio por asuntos de financiación de campaña, pues esa competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y del Senado. Por tanto, el presidente no puede ser tratado como “un candidato más” en materia administrativa, ya que una sanción de ese tipo podría afectar su estabilidad institucional.
Segundo, la Corte determinó que el Consejo Nacional Electoral nunca tuvo competencia para adelantar una investigación contra Petro. De esta manera, corrigió el criterio del Consejo de Estado, restableció el fuero presidencial y ordenó trasladar todo el caso a la Comisión de Acusaciones, órgano encargado de conocer eventuales faltas del jefe de Estado.
Actualmente, la defensa del presidente interpuso una denuncia por prevaricato ante dicha Comisión contra los magistrados del CNE y los miembros de la Sala de Consulta del Consejo de Estado que habilitaron el proceso. La queja, presentada hace tres semanas, incluye una solicitud de medida cautelar para evitar nuevos actos que puedan vulnerar el fuero presidencial, aunque hasta el momento la Comisión no ha tomado una decisión.
