La crisis del sistema penitenciario colombiano volvió a quedar en evidencia tras las inspecciones realizadas por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional en cárceles, penitenciarías y centros de detención transitoria del país. Entre los hallazgos se encontraron personas privadas de la libertad permaneciendo hasta cinco años en espacios diseñados para detenciones de solo 36 horas, niveles de hacinamiento superiores al 500 %, falta de medicamentos y graves deficiencias sanitarias.

Las visitas judiciales comenzaron en La Guajira, Santander y Cesar, y continuarán en Boyacá y Bogotá con el objetivo de verificar las condiciones de reclusión y el cumplimiento de las órdenes emitidas para superar la crisis carcelaria. Durante las diligencias, magistrados escucharon testimonios de internos y revisaron aspectos relacionados con salud, alimentación, infraestructura, servicios públicos y sobrepoblación.

Uno de los casos más críticos fue identificado en el antiguo centro de detención transitoria “CAIMEG”, en Riohacha, donde cerca de 280 personas permanecían recluidas en instalaciones con capacidad para unas 130. En algunos patios, pensados para 12 o 15 personas, había más de 50 internos. Además, todos excedían el límite legal de permanencia y algunos completaban hasta cinco años detenidos en el lugar.

La Corte también evidenció deterioro en la infraestructura, con instalaciones eléctricas expuestas, humedad, almacenamiento improvisado de agua, escasez de baños y espacios reducidos utilizados simultáneamente para dormir, cocinar y guardar pertenencias.

En la cárcel de Riohacha fueron encontradas 366 personas privadas de la libertad en un establecimiento con capacidad cercana a 100 cupos, lo que representa una sobrepoblación del 266 %. Según el informe, algunos internos dormían en hamacas y colchonetas improvisadas, mientras el suministro de agua potable dependía de carrotanques. También se detectaron problemas de humedad, hongos y fallas eléctricas.

Otra situación alarmante fue reportada en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, donde 154 personas permanecían detenidas en instalaciones adecuadas para entre 15 y 20 internos. Todos habían superado el límite legal de permanencia y algunos llevaban hasta dos años recluidos allí.

En Valledupar, la inspección al centro de detención transitoria “La Permanente” reveló uno de los niveles de hacinamiento más altos: 349 personas en un espacio diseñado para 70. La Corte verificó además que 328 internos ya contaban con orden de traslado a cárceles, pero continuaban recluidos en el sitio desde 2023 y 2024.

En ese centro también fueron reportadas fallas en la atención médica y en la entrega de medicamentos. Según lo informado durante la diligencia, la Nueva EPS no estaría suministrando medicinas desde diciembre de 2025, afectando tratamientos de los internos. Asimismo, se indicó que durante 2025 se habrían perdido más de mil audiencias judiciales por problemas logísticos e institucionales.

La Corte inspeccionó igualmente la cárcel de Girón, en Santander, donde el hacinamiento era cercano al 7 % y se evidenciaron programas de educación, trabajo y resocialización. No obstante, persistían dificultades relacionadas con seguridad, medicamentos y el ingreso de elementos prohibidos como celulares mediante drones y lanzamientos desde el exterior.

Las inspecciones continuarán en las próximas semanas en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá, y en las cárceles de El Barne y Cómbita, en Boyacá, mientras la Corte Constitucional mantiene el seguimiento al denominado “estado de cosas inconstitucional” del sistema penitenciario colombiano.