La Corte Constitucional anunció que asumirá el control de constitucionalidad sobre el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia. El alto tribunal precisó que el proceso comenzará una vez finalice la vacancia judicial, es decir, el próximo 13 de enero de 2026, cuando se reanuden las actividades judiciales en todo el país.

La corporación explicó que este control debe realizarse con estricto cumplimiento de las normas que rigen el funcionamiento de los despachos judiciales y las garantías del debido proceso, así como el derecho de audiencia y el acceso a la justicia.

Los magistrados recordaron que los estados de excepción están contemplados en los artículos 212 a 215 de la Constitución y en la Ley Estatutaria 137 de 1994, normas que definen tanto las facultades del Gobierno para decretar la emergencia como la obligación de la Corte de revisar de manera automática las medidas adoptadas bajo dicha figura.

De acuerdo con el alto tribunal, la vacancia judicial genera un receso que impide adelantar actuaciones hasta que finalice el periodo establecido por ley. Por ello, la revisión del decreto no podrá iniciarse antes del 13 de enero.

Como antecedente, la Corte mencionó el Decreto 4975 de 2009, expedido en una situación similar, cuyo control de constitucionalidad se efectuó tras el reinicio de actividades judiciales y concluyó con la Sentencia C-252 de 2010.