La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 integrantes y militantes de la Unión Patriótica, un partido político de izquierda que surgió de unas negociaciones de paz entre el Gobierno y la ya desaparecida guerrilla de las FARC, y que fue eliminado a punta de violencia en los años 80 y 90 del siglo XX.
El juez Ricardo Pérez Manrique fue el encargado de compartir el fallo del tribunal internacional en el litigio.
“El Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (“UP”) a partir de 1984 y por más de veinte años”, indica la Corte IDH.
El Estado colombiano había aceptado parcialmente su responsabilidad en estos hechos, pero había una controversia por el “universo de víctimas”. Solamente había hecho reconocimiento internacional sobre hechos que afectaban a 219 víctimas, pero no acerca de las 6.000 que se han documentado.
Según la Corte IDH, el Estado violó los derechos a la vida, libertad, expresión, asociación y honra, entre otros.
Finalmente, La Corte IDH ordenó concluir con prontitud las investigaciones por los crímenes cometidos por el Estado para establecer la verdad y determinar las responsabilidades penales con el fin de que no exista impunidad en los hechos relacionados al caso.
También pidió decretar un día nacional, colocar placas en mínimo cinco lugares públicos, construir un monumento que conmemore a las víctimas, reparar a 1.596 desplazados forzados con 15.000 dólares, hacer un documental respecto a la violencia que sufrieron los militantes.
Indemnizar económicamente por daños, brindar apoyo psicológico a víctimas de esta persecución política y realizar una búsqueda rigurosa de desaparecidos, son algunas de las otras determinaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
