El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar con dureza a la Junta Directiva del Banco de la República y reabrió el debate sobre una eventual Asamblea Nacional Constituyente, en medio de la creciente tensión entre el Gobierno y el emisor.

A través de un extenso mensaje en X, el mandatario calificó a la Junta como “duquista” y aseguró que perdió su independencia, al considerar que sus decisiones responden a intereses políticos más que a criterios técnicos. En particular, criticó el reciente aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés, al que calificó como “la peor torpeza económica”.

El jefe de Estado advirtió que esta decisión va en contravía de la tendencia de otros bancos centrales en el mundo y podría tener efectos negativos sobre la economía colombiana, como la revaluación del peso y un freno en la actividad productiva. Además, cuestionó que la Junta no esté actuando en coordinación con el Gobierno, como —según dijo— lo establece la Constitución de 1991.

En ese contexto, Petro insistió en la necesidad de abrir un debate nacional que, a su juicio, debería conducir a una Asamblea Nacional Constituyente. “Debe iniciarse un debate que termine en una constituyente del pueblo”, afirmó, al tiempo que sugirió que las decisiones del banco central tendrían un trasfondo electoral.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la postura del presidente y señaló que cuatro miembros de la Junta estarían imponiendo decisiones contrarias a la política económica del Gobierno, sumándose al planteamiento de una posible constituyente.

La controversia se intensificó el pasado 31 de marzo, cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó una sesión de la Junta tras calificar como “desproporcionado” el incremento en las tasas de interés. El episodio, inédito, evidenció el distanciamiento entre el Ejecutivo y el banco central, generando inquietud en distintos sectores económicos.

Por su parte, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha defendido la independencia de la entidad y reiteró que las decisiones se adoptan con criterios técnicos y en cumplimiento del mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda.