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De paro arrocero…¿a estallido social?

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que instale de manera inmediata una mesa de negociación con los cultivadores de arroz, que desde el pasado 14 de julio adelantan un paro en el departamento. Los arroceros exigen un mejor precio para la carga del cereal, además de un plan contra el contrabando y la regulación de la Tasa de Uso de Agua (TUA). Los bloqueos, que se realizan en horario diurno en las principales vías del Tolima, ya comienzan a impactar la economía regional.

Matiz explicó que el paro se debe principalmente al bajo precio que se paga actualmente por la carga de arroz, que es de 170.000 pesos, mientras que los costos de producción alcanzan los 205.000 pesos. El segundo motivo es el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación realizada en marzo pasado. Según la gobernadora, aunque en esa oportunidad asistieron representantes del Ministerio de Agricultura y los productores, las medidas adoptadas no han generado un beneficio real para el sector.

Un ejemplo de ese bajo impacto es el incentivo a la comercialización, al que se inscribieron 6.000 productores del Tolima, pero solo 1.015 fueron beneficiados. Por eso, Matiz insistió en que se debe instalar una mesa especial en la que participen no solo los representantes gremiales, sino también los productores, industriales y miembros del Consejo Nacional del Arroz. El objetivo, señaló, es revisar el cumplimiento de los compromisos previos y replantear las decisiones tomadas hasta ahora.

La mandataria departamental advirtió que dejar a los arroceros sin atención estatal podría desencadenar una “catástrofe económica y social” en el país. En ese sentido, criticó que el Gobierno condicione la instalación de la mesa al levantamiento de los bloqueos. “El Gobierno debe llamar a la mesa de negociación, debe instalarla y en el marco de esa mesa que uno de los puntos sea el desbloqueo de acuerdo al avance que se tenga”, sostuvo.

Finalmente, Matiz alertó sobre el riesgo de un estallido social agropecuario si no se atienden con urgencia las demandas de los productores. “Si no protegemos la cadena productiva del arroz, sencillamente dejará de producirse en Colombia. Por eso es fundamental que el Gobierno no espere más tiempo y convoque ya la mesa de negociación; de lo contrario, nos enfrentaremos a un estallido social que podría agravarse en el sector rural”, concluyó.