La Asamblea Departamental del Huila convocó a un debate de control político para mañana con el fin de esclarecer responsabilidades y tomar medidas urgentes frente a los daños ocasionados por la apertura de compuertas en las represas El Quimbo y Betania. La sesión se realizará en el recinto Rodrigo Lara Bonilla de Neiva a partir de las 8:00 a. m., y contará con la presencia de la directora de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, Isabel Hernández Ávila.
El propósito del debate es analizar las graves afectaciones ambientales, sociales y económicas que han sufrido las comunidades ribereñas del río Magdalena y sectores productivos como la piscicultura en varios municipios del departamento. A la jornada fueron invitados los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de localidades como Gigante, Hobo, Campoalegre, Palermo, Neiva, Villavieja y Aipe, además de representantes de la Procuraduría, la Contraloría y la Procuraduría Agraria.
También se espera la participación del gerente nacional de ENEL, Francesco Bertoli; la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Yanina Estrada Añokazi; representantes del sector piscícola y líderes comunitarios afectados. Los diputados formularán preguntas clave sobre la preparación institucional para manejar estas emergencias y los protocolos que deberían garantizar la seguridad de las comunidades río abajo.
Entre las inquietudes que se expondrán en el recinto están el plan de monitoreo de los afluentes que alimentan las represas, la existencia de sistemas de alarmas tempranas, los protocolos para la apertura de compuertas y la responsabilidad de emitir alertas oportunas a la población. La falta de medidas claras y de un plan de contingencia aprobado ha generado inundaciones, pérdidas económicas, daños en infraestructura rural y desplazamientos preventivos.
La Asamblea reiteró que este debate busca no solo esclarecer los hechos, sino también exigir acciones concretas que prevengan futuras emergencias y fortalezcan los sistemas de alerta temprana. La intención es proteger tanto a las comunidades afectadas como al ecosistema del río Magdalena, para evitar que estos episodios se repitan sin control ni responsabilidad institucional.
