Durante una sesión ordinaria, la Asamblea Departamental del Huila realizó un debate de control político centrado en la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Aunque se destacaron algunos avances, los diputados manifestaron preocupación por la ejecución presupuestal y el impacto real de las políticas implementadas, en medio de un contexto creciente de amenazas por parte del crimen organizado en varias zonas del departamento.
El presidente de la Asamblea, Sergio Trujillo Perdomo, subrayó la importancia de discutir temas de seguridad, mientras que el diputado Wilfred Trujillo cuestionó la transparencia en el uso de los más de 71 mil millones de pesos destinados al sector. También se denunció el mal funcionamiento de cámaras de seguridad, lo que, según el diputado Omar Díaz, refleja una preocupante lentitud en la ejecución de las estrategias.
En el debate se escucharon denuncias directas como la del personero de Baraya, Cristian Javier Andrade, quien alertó sobre el accionar de grupos armados que estarían extorsionando a comerciantes y amenazando a funcionarios públicos. Desde la Dirección de Seguridad, el mayor Óscar España reconoció los desafíos actuales, destacando que la extorsión es el delito más preocupante, especialmente en municipios como Garzón, Algeciras, Neiva y Pitalito.
España explicó que, si bien hay coordinación con la Policía y el Ejército, persisten amenazas por parte de disidencias armadas y delincuencia común. Además, se denunció la instrumentalización de menores en la distribución de boletas extorsivas, una práctica creciente que ha sido detectada en varios municipios del Huila, donde los jóvenes son reclutados mediante ofertas económicas o manipulación en redes sociales.
Al finalizar la sesión, la Asamblea se comprometió a realizar un seguimiento riguroso a los proyectos de inversión en seguridad y exigió resultados verificables, mayor presencia institucional en zonas afectadas y transparencia en la ejecución de recursos. La situación deja en evidencia la necesidad urgente de reforzar las acciones contra el crimen organizado y proteger a la ciudadanía huilense.
