La crisis en la Defensoría del Pueblo se agudiza a comienzos del 2026. A quince días de iniciado el año, el sindicato de la entidad denunció que más de 4.200 defensores públicos y numerosos contratistas siguen sin recibir honorarios, pese a cumplir con sus funciones de acceso a la justicia.

Según el Sindicato Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo (SINECODEP), los trabajadores acumulan más de 45 días sin pago, lo que los ha llevado a endeudarse para subsistir. “La situación constituye un grave menoscabo a los derechos fundamentales de quienes garantizan el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables”, señaló el gremio en un comunicado.

Dicha crisis tendría origen en la falta de expedición del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) correspondiente a diciembre de 2025. De acuerdo con SINECODEP, el Ministerio de Hacienda no liberó los recursos, pese a las solicitudes formales de la entidad.

Esta demora ha generado una cadena de afectaciones económicas que impacta directamente a las familias de los defensores públicos. Los trabajadores denuncian que, aunque no se les ha pagado, deben seguir cumpliendo con la carga laboral y los compromisos contractuales.

Ante esta situación, el sindicato exige un aumento de honorarios en la misma proporción del incremento del salario mínimo, que para 2026 fue del 23 %.

Como medida de presión, los defensores públicos convocaron plantones de protesta en Bogotá el 19 de enero de 2026, frente al Ministerio de Hacienda y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, anunciaron un cese de actividades el 20 de enero, con movilizaciones en el Complejo Judicial de Paloquemao y otras ciudades del país.