La Defensoría del Pueblo alertó que las deudas acumuladas entre EPS, IPS y proveedores del sistema de salud oscilan entre $24 y $33 billones, según distintas fuentes. De este total, cerca del 73 % corresponde a obligaciones con clínicas, hospitales y prestadores privados, mientras que el 27 % restante afecta a la red pública. Además, se suman alrededor de $3 billones adeudados a operadores logísticos y gestores farmacéuticos.

Según la entidad, con base en cifras de la Contraloría General de la República, la Nueva EPS concentra más de $9 billones de deuda, es decir, cerca del 28 % del total. Asimismo, advirtió que aproximadamente el 74 % de las obligaciones corresponde a EPS que actualmente se encuentran intervenidas.

La falta de claridad en las cuentas ha generado efectos críticos en el sistema, como el deterioro de la liquidez, dificultades para la planeación de largo plazo y mayores tensiones entre los actores. A esto se suma el incremento del gasto de bolsillo de los hogares, que pasó del 15,8 % en 2019 al 17,2 % en 2024, e incluso supera el 30 % en departamentos como Guaviare y Arauca, debido a demoras, negaciones o fallas en la atención.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que esta situación también responde a cambios en las condiciones financieras de los proveedores, quienes han empezado a exigir pagos anticipados o a limitar la entrega de insumos. Aunque el sistema cuenta con un alto nivel de financiación —más del 65 % de recursos públicos y cerca del 86 % del gasto concentrado en la UPC— persisten desigualdades en su distribución entre los regímenes contributivo y subsidiado.

Pese a medidas como auditorías y propuestas para usar recursos de la UPC para cubrir deudas, la Defensoría considera que las acciones han sido insuficientes. Por ello, insistió en la necesidad de una reforma estructural que fortalezca la transparencia, el control de los recursos y la participación ciudadana, con el fin de recuperar la confianza y garantizar el derecho a la salud en el país.