En el marco del Día Mundial del Hábitat, la Defensoría del Pueblo realizó los días 2 y 3 de octubre jornadas de reflexión en Ciudad Bolívar y Soacha sobre los desafíos que enfrenta el país para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. En los encuentros participaron líderes y lideresas de asentamientos de origen informal, defensores de derechos humanos e instituciones, quienes analizaron las condiciones de estas comunidades y la necesidad de fortalecer la planificación territorial, la participación ciudadana y la protección de derechos frente a eventuales desalojos o reasentamientos.

Durante el encuentro ‘Habitar los territorios: intercambio de experiencias sobre el derecho a la vivienda digna y a la ciudad’, la Defensoría destacó los procesos de organización comunitaria y construcción popular que han acompañado el crecimiento urbano, particularmente en Soacha, municipio que ha recibido población desplazada. La entidad señaló que construir un barrio no implica únicamente levantar viviendas, sino también gestionar servicios públicos, fortalecer redes de cuidado, garantizar condiciones de permanencia y reconocer la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.

Las cifras expuestas durante las jornadas evidenciaron la magnitud del desafío habitacional. Para 2025, Colombia tenía aproximadamente 18,9 millones de hogares y, según los datos presentados por la Defensoría, el 25,6 % se encontraba en déficit habitacional, equivalente a más de 4,8 millones de hogares. De ese total, el 6,3 % presentaba déficit cuantitativo, relacionado con la necesidad de una nueva solución de vivienda, mientras que el 19,3 % tenía déficit cualitativo, asociado con condiciones que requieren mejoras en aspectos como servicios públicos, pisos o hacinamiento mitigable.

La Defensoría también advirtió sobre las condiciones en que se encuentran numerosos Asentamientos Humanos de Origen Informal (AHOI). Un sondeo realizado en 18 oficinas regionales permitió identificar dificultades relacionadas con la propiedad de los predios, la legalización urbanística, la formalización de la tenencia y los conflictos por el territorio. Además, más de la mitad de los asentamientos reportados estaban ubicados en zonas con condiciones de riesgo, tanto en áreas urbanas como rurales y de expansión, situación que evidencia la relación entre informalidad habitacional, exposición a amenazas y vulneración de derechos.

Ante este panorama, la entidad planteó como prioridades el acceso a suelo seguro, la protección de la tenencia, la participación efectiva de las comunidades en las decisiones territoriales y el reconocimiento de la producción social del hábitat y los conocimientos comunitarios. También llamó a incorporar enfoques diferenciales, de género, étnicos y territoriales, así como a evitar expresiones que estigmaticen a estas poblaciones como “ilegales” o “informales”. Para la Defensoría, el desafío consiste en avanzar hacia políticas integrales que articulen vivienda, tierra, servicios públicos, gestión del riesgo, ordenamiento territorial y garantías de permanencia.