Al cumplirse dos meses del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado para atender las desigualdades sociales que se profundizaron con la emergencia. Según el organismo, el desastre tuvo mayores repercusiones en comunidades rurales y urbanas vulnerables, por lo que advirtió que las consecuencias no afectan únicamente a las familias damnificadas, sino al país en su conjunto.

La entidad planteó tres prioridades para avanzar en la recuperación. La primera consiste en garantizar atención integral a las personas afectadas, por lo que reiteró a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) la necesidad de reabrir el registro de damnificados y ampliar la asistencia en los municipios afectados. También pidió facilitar el acceso a vivienda, salud, educación y medios de subsistencia, con participación comunitaria y transparencia en el manejo de los recursos.

El segundo llamado está relacionado con el fortalecimiento de la prevención y la planificación territorial. La Defensoría insistió en que la gestión del riesgo debe incorporarse en los planes de ordenamiento territorial y en las decisiones sobre el desarrollo municipal. Para ello, considera fundamental identificar las zonas amenazadas, reducir la exposición de las comunidades y adoptar medidas de adaptación al cambio climático, en lugar de limitar la respuesta institucional a la atención de emergencias.

Como tercera prioridad, el organismo pidió proteger los derechos de las personas cuya movilidad se ve afectada por desastres naturales y fenómenos asociados al cambio climático. En ese sentido, propuso avanzar en normas y protocolos que garanticen condiciones dignas de evacuación, alojamiento temporal, retorno y reubicación, además de acceso a servicios básicos, información oportuna y soluciones duraderas para las comunidades que deban abandonar sus hogares.

Finalmente, la Defensoría recordó que en marzo convocó a los entonces candidatos presidenciales a incluir en sus campañas las “Decisiones impostergables en Derechos Humanos”, entre ellas el fortalecimiento de la gestión del riesgo y la respuesta al cambio climático. La entidad concluyó que el terremoto evidenció la necesidad de anticiparse a las amenazas y garantizar la protección de los derechos humanos, pues la gestión del riesgo no puede limitarse a actuar cuando la emergencia ya ha ocurrido.